CCOO y UGT han anunciado movilizaciones en Correos en diciembre y enero y una posible huelga general si el Gobierno central mantiene su desidia y pasotismo y no introduce al correo público en el centro de la agenda política.
El Ejecutivo ha recortado a la empresa pública en los Presupuestos Generales del Estado dos tercios de su financiación, 120 millones de euros. Además, el Plan Estratégico está bloqueado, con lo que la diversificación necesaria está en vía muerta y los proyectos relacionados con el e-commerce y la paquetería paralizados, lo que pone en peligro los acuerdos previstos con grandes clientes como Amazon o Alibaba. Todo ello en un escenario en el que el reparto de carta ha caído entre un 5 y un 7% y la paquetería ha crecido entre un 20 y un 25%. Por ello, pedimos un plan que revierta la actual situación de transformación de Correos en un operador logístico como empresa de paquetería.
Esta situación de inmovilismo también afecta a los trabajadores. El Convenio Colectivo está congelado desde 2014 y se ha perdido poder adquisitivo en los últimos años. Son necesarios un nuevo Convenio Colectivo y un Acuerdo funcionarial actualizados que recojan el incremento y adecuación de la plantilla fija mediante la transformación del empleo estructural cubierto con personal eventual en fraude de ley. También deberían incluir un aumento salarial y una mejora de las condiciones laborales. Cada vez hay menos puestos fijos y se están perdiendo derechos y calidad en el empleo.
El compromiso es sacar más de 2.000 plazas este años, de las que 12 podrían corresponder a La Rioja, pero las necesidades superan ampliamente este número. Hay unas 40 plazas vacantes que no se han cubierto.
Todos estos recursos repercuten en la calidad del servicio que Correos ofrece. La Ley dice que debe garantizarse el reparto diario de lunes a viernes, pero cumplir con esta normativa provoca pérdidas, ya que el Estado no abona la cantidad suficiente para garantizarlo. En La Rioja, el 25% de la plantilla, unas 80 personas, reparten en ámbitos rurales y el Gobierno debería compensar económicamente el coste de repartir en núcleos tan pequeños. Además, los recortes también han obligado a reducir los horarios de atención al público y los puntos de atención.
Por todo ello, CCOO y UGT apremian al Ejecutivo a rectificar su política hacia Correos y a introducir medidas para incluir la recuperación de un servicio financiero propio, la estabilización del Plan de Prestación del Servicio Postal Universal con una cuantía de entre 200 y 230 millones de euros y la aprobación de un Plan Estratégico para impulsar el desarrollo de Correos como operador postal moderno, tecnológicamente avanzado, logístico, financiero y diversificado.
