El Juzgado de lo Social declara la nulidad radical de sus despidos, su inmediata readmisión en las mismas condiciones previas a los despidos, el abono de todos los salarios dejados de percibir desde entonces y, además, una indemnización de 6.251 euros a cada uno por los daños morales padecidos. Una sentencia defendido por los servicios jurídicos de CCOO de La Rioja.
El pasado 6 de septiembre de 2017, el Patronato de Fundación Hospital Calahorra (FHC), órgano de gobierno de la entidad presidido por la titular de la Consejería de Salud, acordó, a instancia de quien aún es Director-Gerente del centro, el despido de dos trabajadoras de FHC, ambas con competencias en ese momento de jefatura de servicio (“Coordinadoras”) y dilatada trayectoria profesional en FHC.
Las trabajadoras despedidas habían denunciado unos días antes, con prolijo soporte documental, notorias irregularidades en materia de contratación de bienes y servicios, responsabilidad del indicado Director-Gerente. Tales denuncias fueron canalizadas hacia del Comité de Empresa de FHC, y a través de éste, puestas en conocimiento, precisamente, del Patronato del hospital y la propia Consejería de Salud.
Ante hechos tan graves, sólidamente fundamentados y lealmente comunicados a través del conducto reglamentario adecuado, el único proceder de la Gerencia de FHC fue ganar tiempo para “borrar el rastro” de las evidencias y, construir dos aparentes despidos disciplinarios para “matar” laboralmente (eso es un despido, la “muerte laboral”) a quienes leal y valientemente han puesto su deber profesional y de servicio público al interés general por delante de las presiones e intereses de terceros.
El Juzgado de lo Social número 3 de los de Logroño, acaba de dictar sendas sentencias (nºs. 129/2018 y 130/2018), ambas de fecha 4 de mayo de 2018 y que han sido comunicadas a las partes demandantes en la tarde de ayer, declarando nulos de pleno derecho ambos despidos por vulneración de los derechos fundamentales de las trabajadoras despedidas. En concreto, el fallo:
– Declara la nulidad radical de ambos despidos por vulneración, por la Gerencia – Patronato, del derecho fundamental a la libertad de expresión e información.
– En consecuencia, obliga a la reincorporación inmediata de las despedidas en las mismas condiciones previas al despido, es decir como coordinadoras de Logística-Compras y de Mantenimiento.
– Ordena el abono a las trabajadoras de todos los salarios tramitación dejados de percibir desde la fecha de despido (06/09/2017) hasta su efectiva incorporación.
– Condena a FHC (lo pagaremos todos, claro) a indemnizar, además, a cada una de las trabajadoras despedidas con la cantidad de 6.251,00 € euros como reparación por los daños morales causados.
El fundamento de la nulidad de los despidos (sin ánimo de extendernos agotando su paciencia) es, como se ha indicado, la vulneración por FHC (Gerencia-Patronato) del derecho fundamental a la libertad de expresión e información. Así lo señala el Fundamento de Derecho 5º de ambas sentencias.Considera acreditado el Tribunal que “ninguno de los datos consignados por las trabajadoras despedidas se ha reputado falso” sino justificativos de su proceder.
En consecuencia, contrariamente a lo pretendido por la FHC, en ningún caso las profesionales despedidas desobedecieron ninguna orden legítima concreta, ni existió comportamiento “desleal” alguno, sino que los despidos presuntamente “disciplinarios”, además de adolecer de una absoluta falta de procedimiento y fundamento, tuvieron como única causa el previo ejercicio por las trabajadoras de su derecho fundamental a la libertad de expresión/información, el cual fue reprimido precisamente de esa forma, despidiéndolas.
Queda para nosotros el sufrimiento padecido, reparado ahora por la constatación judicial de la injusticia que ello supuso. Quedan las manifestaciones del propio Ministerio Fiscal en los actos de ambos juicios cuando, con meridiana claridad, señaló que el comportamiento de las que fueron despedidas había sido en todo momento ejemplar, el correcto como servidoras públicas. La lealtad de un empleado público lo es para con la entidad y el conjunto de la ciudadanía a la que sirve, no para con el partido político que la dirige en un momento dado; es decir, su deber es cumplir la ley y denunciarlo cuando no se cumple o existe riesgo de que no se cumpla. Queda también, si nos permiten, una última reflexión: cuán frágil es la vida profesional, por intachable que sea, cuando unas falsas acusaciones pueden truncarla y destruirla vilmente con manifiesta injusticia, abocando a las víctimas a un calvario judicial -que quieren se padezca en soledad- y conforme a una legislación laboral que apenas permite un control de la realidad de lo sucedido. Brilla finalmente, eso sí, la dignidad y valía profesional de nuestras compañeras, algo que nosotros sabíamos perfectamente y que ahora es una certeza judicialmente declarada. También reconforta ver judicialmente reconocido que la defensa colectiva de un Comité de Empresa, de frente y por derecho, ha servido para algo.
La sentencia es definitiva en la instancia, siendo susceptible de recurso de suplicación ate la Sala del TSJ de La Rioja.
El Comité de Empresa de la FHC, de acuerdo con las trabajadoras, se centrará ahora en asegurar su correcta reincorporación a sus puestos de trabajo, procurando una normalidad institucional hace tiempo perdida, como muestra dos botones: FHC carece de Dirección Médica desde la dimisión hace más de dos meses (06/03/2018) del último titular de la misma, la “encuesta de clima laboral” ha arrojado los peores resultados de la historia hasta el punto de que la Gerencia del centro ha evitado hacerla pública.
