Con motivo del Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, hoy hemos celebrado una jornada sobre salud mental en el ámbito laboral y nos hemos concentrado para reivindicar la recuperación de la inversión en prevención de riesgos laborales.
Como ha indicado el secretario general de CCOO en La Rioja, Jorge Ruano, en La Rioja estamos «en una situación muy complicada», por encima de la media del Estado en índices de siniestralidad, ya que, aunque los accidentes se han reducido, lo han hecho en menor porcentaje que en el resto del Estado.
La inversión en materia preventiva viene disminuyendo desde 2012 y los accidentes no dejan de crecer de manera sistemática. Ruano ha hecho hincapié en la necesidad de volver a situar el derecho a la salud y la seguridad en primera línea de las reivindicaciones.
Este ha sido el comunicado que hemos leído en la concentración:
El 28 de abril es la fecha que eligió el movimiento sindical para recordar a las compañeras y compañeros que perdieron la salud y la vida en accidentes de trabajo o por enfermedades de origen laboral y para denunciar las precarias condiciones de trabajo que están en el origen de estos daños. Posteriormente la Organización Internacional de Trabajo (OIT) lo hizo oficial como Día Internacional para la salud y la seguridad en el trabajo.
La salud y la seguridad en el trabajo deberían ser cuestiones de primer orden en la agenda política a nivel mundial, pero desgraciadamente no es así.
Un buen ejemplo del desinterés por la vida de las personas trabajadoras lo encontramos en la precariedad de las condiciones laborales en las obras de las instalaciones para la Copa del Mundo de Fútbol de 2022 en Catar, en la que, según el diario británico The Guardian, ya han fallecido al menos 6.500 trabajadores y trabajadoras. Una masacre que transcurre entre la condescendencia de los Gobiernos del resto de países y sin que se alcen voces que cuestionen la celebración de un evento deportivo en semejante contexto. Situaciones como esta son las que empujan al movimiento sindical a exigir que la salud y la seguridad en el trabajo se reconozcan como un derecho fundamental y así lo hemos trasladado como una propuesta de la Confederación Sindical Internacional, que finalmente será tratada en la Conferencia de la OIT de 2022.
En nuestro país mueren cada año más de 700 trabajadores y trabajadoras, evidenciando que la prevención de riesgos laborales en España es más formal que real.
En 2020 el número de accidentes de trabajo mortales, lejos de disminuir, ha aumentado un 2%, a pesar del acusado descenso de la actividad económica provocado por la pandemia por COVID-19, poniendo de manifiesto que la seguridad y salud en el trabajo se está dejando en un segundo plano en las empresas y administraciones. Las enfermedades profesionales siguen sin aflorar permaneciendo ocultas, lo que imposibilita la prevención de múltiples patologías relacionadas con el entorno laboral, algunas de ellas muy graves o mortales como por ejemplo los cánceres de origen laboral. Vamos a presionar para que las modificaciones de la Directiva Europea sobre protección frente a la exposición a cancerígenos y mutágenos sean traspuestas en tiempo y garantizando la máxima protección de la salud de los trabajadores. Ha comenzado ya la tramitación en el Congreso de los Diputados de la proposición de Ley para la creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto, una reivindicación formulada desde hace décadas por los sindicatos y las asociaciones de víctimas.
Tras 25 años de vigencia de la Ley de Prevención de Riesgos, los daños a la salud en el trabajo siguen estando presentes en nuestro día a día. Seguimos lejos de alcanzar el objetivo que se marcó de conseguir interiorizar la prevención de riesgos en las empresas, al contrario, tenemos que denunciar la mercantilización de la salud laboral. La falta de cultura preventiva entre el tejido empresarial, unida a la inestabilidad laboral y a las condiciones precarias del empleo, caracterizadas por la enorme temporalidad y parcialidad de la contratación, generan el caldo de cultivo perfecto para el deterioro de la salud laboral. Las reformas laborales supusieron un punto de inflexión en la extensión de un marco de relaciones laborales determinado por la precariedad que tuvo como consecuencia el inicio de un repunte en la siniestralidad en 2013.
La precariedad mata y desde ese año 5.183 personas han perdido su vida en el trabajo en España. La derogación de la reforma laboral de 2012 es el primero de los pasos que deben darse para garantizar la protección de la seguridad y salud en el trabajo. Los trabajadores y trabajadoras debemos recuperar nuestros derechos, por lo que debe avanzarse para establecer un modelo de relaciones laborales que genere empleos libres de riesgo, de calidad y con salarios dignos.
Este 28 de abril toca hacer balance de un año de pandemia de COVID.19 y de sus efectos en la seguridad y la salud en el trabajo. Un año en el que se ha puesto de manifiesto de manera dramática la contradicción entre la salud y la vida y las presiones para mantener la actividad económica mucho más allá de lo que aconsejaban los expertos en salud pública. Han sido las plantillas de los sectores ya conocidos como esenciales quienes han sufrido los estragos del virus de manera más directa y en muchas ocasiones sin el debido reconocimiento por parte de las autoridades. Recientemente se ha asimilado la COVID-19 a enfermedad profesional en el caso de los trabajadores sanitarios y sociosanitarios, en lugar de un accidente laboral, como se venía haciendo hasta el momento. Consideramos insuficiente esta medida y exigimos que la COVID-19 se incluya en el listado español de enfermedades profesionales, extendiendo esta cobertura, a un mayor número de profesiones expuestas al riesgo y sin limitación temporal.
Es evidente que aún queda mucho por hacer, es hora de acometer cambios normativos para adaptarnos a las nuevas realidades, pero sobre todo que mejoren la protección de la seguridad y la salud de las personas trabajadoras, siendo conscientes de que esto es tan solo una parte del problema ya que, tenemos que solucionar también el altísimo grado de incumplimiento de la normativa existente, intensificando los mecanismos de garantía de la efectividad del cumplimiento.
Reclamamos la plena integración de la salud laboral en la salud pública, hoy con mayor convencimiento desde la experiencia de la pandemia, lo que exige una mayor coordinación entre los departamentos de sanidad y de trabajo tanto en la Administración General del Estado, como en las CCAA.
Insistimos en la necesidad de dotar de mayores recursos tanto a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como a los organismos de referencia en salud laboral como el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y los institutos regionales.
Por nuestra parte vamos a seguir demostrando que la salud y la seguridad en el trabajo es una de las líneas prioritarias de nuestra acción sindical, tal y como como demuestran día a día en los centros de trabajo nuestros principales agentes, las delegadas y los delegados de prevención.
Recordamos a los trabajadores y trabajadoras que han sufrido las consecuencias de los accidentes y enfermedades laborales y continuaremos denunciando las precarias condiciones de trabajo que están en el origen de esta lacra social.
Que no se antepongan otros intereses a la salud o a la vida de las personas. Nadie debería tener que elegir entre trabajo y salud.
