CCOO exige al Gobierno que las partidas transferidas a la FP tengan carácter finalista

El Gobierno ha aprobado en el último Consejo de Ministros y Ministras una partida de 1.200 millones de euros para la Formación Profesional, una parte de los 5.500 millones de euros que destinará en cinco años a la implantación y desarrollo de la nueva ley de Formación Profesional. De la cantidad total, 392 millones de euros, procedentes de fondos europeos, se destinarán a la creación de nuevas plazas y a la actualización de instalaciones, gestionados por las comunidades autónomas.

CCOO valora positivamente esta inversión, pero exige al Gobierno que las partidas transferidas para la FP tengan carácter finalista y solo se puedan utilizar para garantizar el derecho a la formación y a la mejora de la calidad de esta vía educativa. Así mismo, exige que dichas partidas recaigan sobre la educación pública, que en este momento presenta un importante déficit de plazas y de financiación en recursos para la atención del alumnado, para la extensión de la red de orientación y la atención a la diversidad, y para la mejora de instalaciones. 

Estos fondos deben contribuir a la reversión de la privatización y la mercantilización de la oferta de plazas de Formación Profesional, que CCOO ha denunciado reiteradamente y que ha permitido que en los últimos 8 años la oferta de FP de Grado Medio crezca más de un 25% y la de Grado Superior un 67%, mientras la escuela pública se deteriora por falta de financiación. 

En este sentido, los ejemplos de las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña son sangrantes. La escasez de oferta pública y la infrafinanciación de los recursos y los equipamientos favorecen la mercantilización de la oferta formativa con el beneplácito de las administraciones y generan una verdadera exclusión del sistema educativo de las familias al no poder pagar las cuotas abusivas de las empresas que han visto el nicho de negocio en la FP.

En la Comunidad Autónoma de La Rioja, las reivindicaciones de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras son similares. Desde el sindicato reclaman que los diez millones de euros que va a recibir nuestra Comunidad Autónoma para impulsar el Plan de Modernización de la Formación profesional, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se destinen a la enseñanza pública. Estos fondos se han de destinar a la modernización de las instalaciones, la formación del profesorado, implantar un complemento específico para el Profesorado Técnico de Formación Profesional, mejorar la Orientación en la F.P. y la creación de nuevas plazas públicas.

Para CCOO, los fondos europeos son importantes pero no suficientes, en un país donde ha sido crónica la insuficiencia de la financiación del sistema educativo. El sindicato reivindica una financiación suficiente –para alcanzar los objetivos marcados en la ley de FP y garantizar un derecho como es el de la educación y la formación que se ejerce a lo largo de la vida–, sostenida, llevada a cabo mediante una planificación general con la participación de todos los sectores implicados, sindicatos, empresariado y territorios, y equitativa, para que atienda a la mayoría de la población, especialmente a los sectores más vulnerables.

Nos encontramos ante una apuesta estratégica que puede condicionar el futuro de muchos y muchas jóvenes y el bienestar económico del país. Y no solo serán importantes las decisiones legislativas que se adopten, sino también la valentía política para desarrollarlas y el sentido finalista de las inversiones.

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