La inacción de la administración riojana en el sector de la atención a la dependencia aboca a las trabajadoras a la precariedad y a las personas usuarias a un servicio deficiente. Las empresas que operan y capitalizan los cuidados son insaciables en sus beneficios, y para ellos, la única solución es la despenalización de sus incumplimientos en connivencia con la Consejería de Servicios Sociales.
Otras comunidades autónomas han sabido adelantarse al momento. Hace un año, las Consejerías de trabajo y servicios sociales de Baleares sentó a patronales y sindicatos para aumentar el porcentaje destinado a salarios sobre el precio plaza de usuarios y evitar la fuga de personal hacia otros sectores. Se consiguió un gran con acuerdo a cuatro años (2023-2026) que comprendía un incremento salarial global del 41,2%. Otro gran acuerdo por el sector es el desarrollado por la Comunidad Valenciana.
En La Rioja las trabajadoras del III Convenio colectivo de residencias y centros de día llevan con el caducado desde 2020 y las patronales del sector no han sido capaces de adaptar las necesidades derivadas de la pandemia para recompensar y dignificar el trabajo de los cuidados. Algo tan sencillo como la implicación de las tres partes en la negociación
Desde CCOO se instó a la administración en diciembre de 2023 a la solución del conflicto de falta de personal con la implicación de servicios sociales para impulsar la renovación del convenio colectivo aumentando el precio plaza por persona usuaria pero la sugerencia de la patronal de eximirles en las penalizaciones le resulto más sugerente y atractiva a esta administración que mira de reojo al sector mostrando su desprecio.
Tal y como anunciamos el viernes, CCOO ha interpuesto recurso ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja y no parará hasta desmontar la tropelía de María Martin, Consejera de Servicios Sociales.
Por último, desde la FSS de CCOO-La Rioja exigimos cesen las ocurrencias de nuestra Consejera sobre la contratación de profesionales GEROCULTORES para el sector residencial que ni siquiera existen en el SERIS, obviando que el 80% del sector está ocupado por mujeres.
Así como pedimos a la Consejera de Salud que deje de decir que va a aumentar las inspecciones ahora que las empresas no van a ser sancionadas. No malgaste dinero público, de todos y todas. Inviértalo en solucionar la falta de profesionales que cada vez huyen más de las empresas privadas este sector, por las interminables jornadas, los bajos salarios, la presión de tiempos, la elevada carga de trabajo, las lesiones musculoesqueléticas, la infradeclaración de enfermedades profesionales, el consumo de fármacos…
