Desde que la Consejería de Educación anunciara el pasado mes de mayo, su intención de destinar una ayuda de 600.000 euros para los centros concertados que imparten Bachillerato, hemos asistido a un goteo constante de otras medidas que dejan a las claras la intención de este gobierno de aniquilar y demoler los cimientos de la Escuela Pública riojana para favorecer un modelo educativo de negocio privado.
La recuperación de la Zona Única de escolarización para Logroño, Villamediana y Lardero, la oferta de ese cheque Bachillerato que contempla una subvención de 3 millones de euros, en el periodo comprendido entre 2023 y 2026, el concierto de líneas privadas en la escolarización infantil, a costa de la red pública, la licitación de centros privados para impartir Ciclos y Cursos de Especialización en la Formación Profesional, muchos ya ofertados en centros públicos, o el anuncio de la semana pasada de que la UNIR podrá impartir presencialmente en sus aulas Grados y Másteres, no son más que golpes intencionados y meditados que buscan acabar y destruir con el tejido educativo público, y en aras, además de favorecer un modelo de negocio de empresas privadas, a costa del dinero público, y que lejos de mejorar nuestro sistema social y el equilibrio educativo, desde la igualdad de las personas favorece a unos pocos privilegiados.
El señor Galiana ha defendido estos cambios aludiendo a la demanda demográfica, o a la supuesta libertad de elección de las familias, obviando el hecho de que la libertad es un derecho universal, no un coto privado para unos pocos, y haciendo además, en la opinión de nuestro sindicato, una dejación de sus obligaciones como servidor público, en concreto el hecho de que “Las Administraciones públicas, promoverán un incremento progresivo de puestos escolares, en la red de Centros de titularidad pública como recoge nuestra legislación. (LOE y LOMLOE, Artículo 109, Punto 5)
Este gobierno no ha atajado los problemas surgidos el curso pasado en los comedores riojanos, con la aparición de larvas de gusano en la comida servida. Lejos de buscar una gestión eficaz y que garantice la salud en los Comedores escolares para nuestros hijos, con personal cualificado propio de la CAR, y cocina “in situ”, incrementará de nuevo el precio del menú escolar, casi un 40%, situándolo a la cabeza de los más caros del estado. Las ayudas a las familias para abordar este gasto diario, son prácticamente inexistentes y exiguas. Sin embargo premia a los alumnos de Bachillerato concertado con 800 euros anuales en una ayuda directa, no progresiva ni en función de los ingresos familiares. Curiosamente, destina una cuantía menor, 612,25 anuales, a los dos alumnos distinguidos con el Premio Extraordinario de Bachillerato, con la exigencia previa de una nota media de al menos un 8,75.
Se licitan nuevas líneas en el ámbito de la Formación Profesional, en una oferta ya existente en muchos casos en los centros públicos, dota a la Unir de la posibilidad de ejercer docencia presencial en Másteres y Grados, cercenando el crecimiento y desarrollo de la Universidad Pública, mientras se ofrece la solución de la construcción de barracones para cubrir la necesidad educativa en Villamediana.
Se hace evidente, que este gobierno gobierna para unos pocos, y que sus políticas favorecen la desigualdad y desequilibrio social, provocando injusticia por no generar igualdad de oportunidades en su sistema educativo.
Desde CCOO queremos hacer un llamamiento de urgencia ante la aniquilación del modelo público construido con el esfuerzo y trabajo de muchas generaciones. Como familias, como alumnado, como profesorado, como sociedad, en general, hemos de abrir los ojos ante la deriva privatizadora que ejerce esta Consejería de Educación.