- El sindicato mayoritario de Correos, con un 40% de representación, presenta al Gobierno, a SEPI y a la empresa pública Correos un documento con 100 iniciativas para sacar a Correos del agujero financiero provocado por el presidente anterior, Juan Manuel Serrano y su equipo directivo (1.500 millones de euros).
- Asimismo, CCOO exige la implicación del Gobierno al máximo nivel y la incorporación de Correos a la Agenda 2030 a través de un Pacto de Estado que conlleve un compromiso de 4.850 M€ para asegurar la financiación del Servicio Postal Universal, y dotarlo de los fondos suficientes para la prestación de Servicios de Interés Económico General (SIEG) que permitan la mejora de la accesibilidad bancaria, servicios digitales y administrativos, además de la prestación de otros servicios sociales a la comunidad, así como su consiguiente crecimiento en actividad e ingresos.
- El sindicato, igualmente, exige un nuevo marco laboral que mejore el empleo, los salarios y los derechos de los más de 50.000 trabajadores/as de Correos.
CCOO ha enviado al presidente de Correos, a SEPI y al Gobierno una propuesta de Pacto de Estado para la recuperación, transformación y crecimiento del Correo Público de nuestro país, con una vigencia de 5 años, de 2024 a 2028. El objetivo es, en primer lugar, acabar con el agujero financiero en el que lo dejó el anterior presidente de la compañía, Juan Manuel Serrano (camino de los 1.500 millones de euros), y, en segundo lugar, reforzar el Servicio Postal Universal (SPU) que tiene encomendado como operador postal de referencia, así como, además, prestar nuevos Servicios de Interés Económico General (SIEG) que contribuyan a la vertebración y cohesión territorial, social y económica de nuestro país.
El sindicato mayoritario en Correos, con una representación del 40%, estima que se necesitará una partida financiera de 4.850 millones de euroa, en el período 2024 y 2028, para revitalizar el Correo Público, rescatarlo de su crisis financiera actual y convertirlo en una herramienta estratégica de país que contribuya de forma principal a su cohesión social y territorial, a su seguridad y defensa nacionales (como ocurrió durante la pandemia y ocurre en la guerra de Ucrania), y a su crecimiento económico y de empleo.
Este refuerzo financiero debe destinarse, de una parte, a una mayor financiación del SPU, con una asignación de 1.500 millones (250M€), acabando así con la ridícula financiación actual, la menor en la historia de Correos con tan solo 115 millones de euros anuales y que ha provocado un déficit importante en la prestación del servicio postal a la ciudadanía en los últimos años.
Otra partida financiera, de unos 1.850 millones de euros (370 M€ anuales), debe asignarse a través de un contrato con el Estado, como ocurre, por ejemplo, en el Correos francés, el belga o el italiano, a la prestación de Servicios de Interés Económico General que permitan revitalizar la actividad de la compañía pública promoviendo la cohesión social y territorial, muy singularmente en la España vaciada, con la prestación de nuevos servicios de proximidad a la comunidad muy necesarios para enfrentar el reto demográfico en las áreas que están en declive o estancamiento en gran parte de nuestro territorio, especialmente en el ámbito rural y en los pequeños municipios (servicios digitales y de comunicación en oficinas, servicios sociales que fomenten la inclusión, accesibilidad bancaria, servicios administrativos y otros servicios comunitarios).
La tercera partida, con unos 1.500 M€ para 2024-2027, debe destinarse a financiar un nuevo marco laboral que debe incluir un plan de rejuvenecimiento de la plantilla, un plan de salidas incentivadas, ligado a un plan de entradas (ofertas de empleo plurianuales), que permita rebajar la media de edad de los actuales 52 años a los 46, pero también a mejorar los salarios, actualmente mileuristas, así como a regular las bolsas de empleo, rebajar la eventualidad hasta el 8% del total de la plantilla con nuevas ofertas de empleo y a regular una verdadera carrera profesional, con la revalorización económica y capacitación correspondientes.