La Rioja es la tercera comunidad autónoma con mayor índice de siniestralidad laboral. El año 2022 finalizó con 5.485 accidentes laborales, 9 de ellos mortales. En este año 2023 las cifras no auguran nada bueno, hasta agosto se habían registrado un total de 3.049 accidentes, y hasta la fecha llevamos 13 personas muertas en accidente laboral.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales va camino de cumplir los 30 años de vigencia, y lo que parece estar claro es que ha perdido eficacia y necesita una revisión. Hasta el año 2012, nos permitió reducir de manera significativa la siniestralidad en el trabajo, pero la reforma laboral que hubo ese año precarizó de manera muy importante las condiciones de trabajo. La salud laboral y la prevención de riesgos dejaron de ser una prioridad.
En La Rioja esto también se materializó con la desaparición del Instituto Riojano de Seguridad y Salud, que desarrollaba funciones de prevención y asesoramiento técnico a la Dirección General con competencias en materia de trabajo. Desde entonces la situación no ha dejado de empeorar y la siniestralidad laboral se ha convertido en una lacra con costes humanos: dolor, sufrimiento, pérdida de funcionalidad, peor calidad de vida, con unos costes económicos que se sitúan en el 3% del PIB nacional.
A falta de una revisión de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que estamos reivindicando de manera constante, vamos a seguir combatiendo esta lacra a través de la exigencia del cumplimiento de la legislación para incorporar la prevención a la actividad ordinaria de las empresas y vamos a seguir impulsando y proyectando el trabajo de los Delegados Territoriales de Prevención que atienden fundamentalmente a Pymes y Micropymes.
En la primera reunión del Consejo de Diálogo Social el propio Presidente Gonzalo Capellán, nos manifestó su preocupación por la situación, y situó en la agenda inmediata del Diálogo Social abordar una nueva Estrategia de Seguridad y Salud de La Rioja.
Quien debe pilotar esta nueva Estrategia es la Consejería de Economía, Innovación y Trabajo Autónomo, cuya titular ha iniciado una senda que nos lleva al negacionismo de la siniestralidad laboral, algo desconocido hasta el momento en la política riojana. Parece ser que nuestros políticos no conocen en detalle algunos de sus ámbitos de actuación, y en ese caso lo más recurrido ha sido hablar de la siniestralidad en unos términos muy preocupantes.
Hemos leído sus declaraciones, y ha dicho públicamente que “Hay accidentes que son inevitables, y quien diga que son provocados no tiene humanidad”, esta afirmación alude directamente a las organizaciones sindicales, que mantenemos que los accidentes son provocados por los reiterados incumplimientos de la Ley de Prevención, comenzando por las evaluaciones de puestos, que no reflejan la realidad, rebajando el nivel de protección individual y colectiva, encareciendo la formación, información, vigilancia y control. En definitiva, rebajando la inversión en seguridad y salud laboral.
La Consejera también duda de la eficacia de imponer sanciones y de realizar inspecciones para reducir la siniestralidad. Según los datos del Consejo de Relaciones Laborales en 2022 hubo en La Rioja 250 procedimientos de sanción en materia de Seguridad y Salud, de los cuales el 98,4% fueron calificados como graves. La labor inspectora tiene que seguir sancionando a las empresas que incumplen de manera grave.
Desde CCOO insistimos en la necesidad de dotar de personal y medios a la Inspección de Trabajo, y en especial al Servicio de Salud Laboral, tal y como está comprometido en la anterior legislatura.
Estas afirmaciones se han producido un día antes de un nuevo accidente mortal, tras el cual la consejera ha dicho que “no hay que buscar culpables”, “simplemente hay que buscar soluciones”, y ha acabado dando el pésame a la empresa.
Resulta especialmente doloroso que se ponga al mismo nivel a las familias de las personas fallecidas y a las empresas, que son las responsables de velar por la seguridad y salud de sus trabajadores. Las investigaciones deben determinar si hay delito y por lo tanto culpables, y desde luego lo que sí existe siempre es la responsabilidad de las empresas.
Las afirmaciones de que los accidentes son inevitables, que las sanciones y las inspecciones no reducen los accidentes, que no hay que buscar culpables, y desligar a las empresas del hecho mismo de los accidentes, como si estos no fueran consecuencia de las condiciones laborales, se sitúan en contra de todo lo que significa la prevención, en un discurso claramente negacionista de la siniestralidad, señalando a las personas trabajadoras como responsables.
