Con motivo del Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, convocamos una manifestación que tendrá lugar el 26 de abril bajo el lema “Por un derecho real y efectivo a la seguridad y salud en el trabajo.» Saldrá a las 12:00 horas de la Glorieta del Doctor Zubía y terminará frente a la Consejería de Administraciones Públicas y Política Local del Gobierno de La Rioja, en Vara de Rey 3.
Denunciamos las precarias condiciones de trabajo que originan los accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo y reivindican más formación e implementar medidas preventivas de calidad que reduzcan, de una vez por todas, las altas cifras de siniestralidad y sus trágicas consecuencias sociales y familiares.
Es intolerable que en 2023 se hayan producido 4.544 accidentes de trabajo con baja y 13 muertes, por el mero hecho de ir a trabajar. Muchas de ellas por causas fácilmente prevenibles como son las caídas en altura, golpes o atrapamientos. Pero tenemos otras causas, las cardiovasculares, que son escasamente tratadas desde la prevención de riesgos laborales y vinculadas con las condiciones de trabajo y con la calidad de prevención que hacen las empresas.
Con este trágico escenario, exigimosal ejecutivo riojano que den prioridad a la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo y coloque en el centro las políticas de prevención tan necesarias para la salud en el ámbito laboral. Unas políticas adaptadas a las nuevas formas de trabajo y más protectoras con las personas trabajadoras de los colectivos más vulnerables.
Manifiesto 28 de Abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo: Por un derecho real y efectivo a la seguridad y salud en el trabajo
La sociedad está experimentando profundas transformaciones que ya nadie puede negar y que están impactando en nuestra forma de vivir, en el mundo del trabajo y en la salud de la clase trabajadora.
El envejecimiento de la población nos muestra una prolongación significativa de la vida laboral, con problemas para adaptarse al incremento de la carga de trabajo en muchos sectores y con dificultades para reincorporarse al trabajo tras una baja por motivos de salud. Ante esta nueva realidad, la gestión preventiva debe realizarse teniendo en cuenta la edad, adaptando así el trabajo a la persona.
La digitalización de las actividades productivas se ha realizado en la mayoría de los casos a costa del empleo y de la salud de las personas trabajadoras. La prevención de riesgos laborales no es uno de los inputs que se incorporan en la gestión algorítmica de la organización del trabajo y la economía de plataformas, más bien al revés, incorpora elementos que incrementan y generan riesgos, sobre todo en la dimensión psicosocial. La monitorización constante, la falta de desconexión, la intensificación del trabajo, la reducción de la autonomía y determinación de la persona trabajadora sometida a la nueva inteligencia artificial, acaban provocando serios problemas de salud física y mental en las personas trabajadoras. Es necesario que la autoridad laboral controle que se garantice el derecho a entornos de trabajo seguros y saludables.
Pero si hay una transición que se está mostrando de manera más descarnada en los últimos años es la medioambiental. Los sindicatos venimos alertando desde hace décadas de la necesidad de afrontar e intensificar los esfuerzos para luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, así como de las consecuencias de no actuar, tanto desde un punto de vista ambiental, como económico, social y también para la salud laboral. El reto de abordar los efectos del cambio climático para la prevención de riesgos laborales debe formar parte del debate en la mesa de diálogo social sobre salud y seguridad en el trabajo abierta en la actualidad, entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos.
Hay que revisar la normativa en profundidad para integrar la perspectiva de género y eliminar las desigualdades, incorporándola como uno de los principios de acción preventiva establecidos por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y feminizando el cuadro de enfermedades profesionales, añadiendo actividades feminizadas para patologías ya incluidas e incorporando patologías prevalentes en actividades con alta ocupación femenina.
Aún queda mucho por recuperar y por mejorar en seguridad y salud en las empresas, lo que requiere modificaciones estructurales en la normativa de prevención.
La siniestralidad laboral es una lacra que se cobra anualmente cientos de vidas.
Es intolerable que en 2023 se hayan producido 4.544 accidentes de trabajo con baja y 14 muertes por el mero hecho de ir a trabajar, muchas de ellas por causas fácilmente prevenibles como son las caídas en altura, golpes o atrapamientos. Pero tenemos otras causas, las cardiovasculares, que son escasamente tratadas desde la prevención de riesgos laborales y vinculadas con las condiciones de trabajo y con la calidad de prevención que hacen las empresas.
Los accidentes in itinere tienen rostro de mujer y se debe a la especial incidencia de la contratación a tiempo parcial entre las mujeres y a que son las mujeres trabajadoras las que asumen mayoritariamente las tareas domésticas y de cuidado familiar, aumentando el número de desplazamientos.
Las enfermedades profesionales son la gran asignatura pendiente, sigue sin solucionarse el subregistro de enfermedades ocasionadas por el trabajo. Este hecho es especialmente sangrante en algunas patologías, como los cánceres de origen laboral.
El principal reto al que nos enfrentamos es el cumplimiento de las empresas de la normativa en materia de prevención. Es necesario reforzar la calidad de la gestión de la prevención en las empresas, acompañada con un impulso de las políticas públicas activas en materia de prevención, así como el aumento de los recursos económicos y humanos destinados a ellas.
No se puede seguir demorando el cumplimiento del compromiso de aumentar las plantillas de la Inspección de Trabajo y del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo Riojano. Tampoco vamos a renunciar a demandar la creación de juzgados especializados en seguridad y salud en el trabajo y a potenciar a la Fiscalía especializada.
