El próximo 28 de febrero se celebrarán los juicios por los despidos de dos empleadas públicas de la Fundación Hospital Calahorra (FHC). Las profesionales despedidas instan en sus demandas que ambos despidos sean declarados nulos por haber existido vulneración de derechos fundamentals, procediéndose a la readmision de las trabajadoras.
Los hechos se remontan al pasado verano. El 6 de septiembre se materializó el despido de ambas trabajadoras, acordado en una reunión extraordinaria y urgent del Patronato de la Fundación. Ello fue el punto final de un proceso que había comenzado algo más de un mes antes: durante esas semanas, las luego despedidas habían padecido una serie de conductas que pueden ser calificadas como acoso laboral, hasta tal punto que se habían presentado, ya antes de los despidos, denuncia en tal sentido ante la Inspección de Trabajo de La Rioja.
Las trabajadoras despedidas, ambas con competencias como coordinadoras de area, habían presentado, a través del Comité de Empresa del centro, dos denuncias ante el Patronato de la Fundación Hospital de Calahorra. En la primera se relataban diferentes presiones gerenciales relacionadas con un proceso de contratación, en curso, para el mantenimiento de los equipos de electromedicin de FHC. La Gerencia llegó a aportar un informe jurídico de un despacho de abogados que, precisamente, representaba a una de las empresas con intereses en el citado proceso de contratación. La trabajadora denunciante de tales presiones fue cesada como presidenta de la Comisión de Contratación de FHC.
La segunda denuncia, presentada por la otra professional despedida, relataba cómo el Director-Geremte le ordenó que realizase compras directas por importe de varios miles de euros a personas cuyos nombres de pila y teléfonos extrajo él mismo de su propia agenda telefónica, evitando los controles de contratación vigentes en FHC (al menos tres presupuestos, Solicitud Pública de Ofertas en su caso).
Finalmente ambas profesionales fueron despedidas.
Ya en el acto de conciliación, previo a la demanda judicial, celebrado el 4 de octubre, la Gerencia de FHC ofreció reconocer la improcedencia del despido, es decir su falta de causa legal, su arbitrariedad, pero pretendía optar por la indemnización de las trabajadoras asumiendo los contribuyentes riojanos el coste de esa negligencia. Ambas trabajadoras rechazaron dicha indemnización planteando la reparación del injusto daño causado, esto es la readmission en su puesto de trabajo. CCOO considera poco ético que, reconociendo que se trata de un despido improcedente, esta empresa pública quiera suplirlo con dinero de todos los riojanos y no con la readmisión de las trabajadoras.
Antonio Cabrera, Secretario General de la Federación Estatal y de Servicios Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) ha anunciado que el sindicato se personará como coadyuvante en los procesos judiciales en curso por ambos despidos, cuya vista pública tundra lugar el próximo 28 de febrero.
Los servicios jurídicos de la FSS-CCOO plantearán, también, la ampliación de la demanda incluyendo como codenada a la propia Presidenta del Patronato, actual Consejera de Salud, María Martín, por mentir respecto a estos casos, al ofrecer públicamente una justificación a estos despidos diferente a la que se refleja en los propios documentos.
Antonio Cabrera, ha desvelado que el sindicato ha solicitado una reunión a la consejera para abordar este asunto y que seguirá insistiendo para buscar una solución antes de la fecha del juicio en el que se solicitará que el despido sea declarado nulo y las dos trabajadoras sean readmitidas.
Cabrera ha señalado, finalmente, que “el empleo público debe tener todas las garantías, no puede ser un cortijo de nadie”, ha señalado, “CCOO no lo permitirá ni aquí ni en ningún lugar de España”.
