El pasado lunes, día 25, el PSOE de La Rioja anunció (citamos literalmente) haber dado «el “primer paso” para “iniciar el proceso de integración de la Fundación Hospital de Calahorra en el Servicio Riojano de Salud”, para lo cual, el pasado día 19 de junio registró en el Parlamento de La Rioja una proposición de ley cuyo propósito es la “transformación de la organización sanitaria FHC, en una fundación pública sanitaria”».
Como es natural, al conocer tal anuncio a través de los medios de comunicación, explica el Comité de Empresa de la FHC, el interés despertado entre la plantilla de la FHC fue enorme: RRSS, grupos de WhatsApp y demás torturas modernas “echaban humo”. En cuanto nos fue posible, accedimos a los vídeos de la comparecencia pública de los portavoces del PSOE regional, Sra. Concha Andréu y Sr. Raúl Juárez, devoramos todas las noticias relacionadas con este asunto, todas las explicaciones, todos los comentarios, todas las reacciones.
El mismo lunes 25 por la tarde, el Comité de Empresa se puso en contacto con el PSOE de La Rioja al objeto de solicitarles una copia de la Proposición de Ley, la cual tuvieron la amabilidad de facilitarnos ese mismo día. De hecho, hoy miércoles 27, tal Proposición ha sido publicada ya en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja (Serie A, Núm. 204, de 27/06/2018). Accesible haciendo CLIC AQUÍ.
Una vez que el Comité ha podido analizar el texto de la Proposición de Ley -publicada oficialmente hoy, 27 de junio-, vistas algunas manifestaciones públicas (en particular una nota publicada por el Partido Popular el mismo lunes 25), considera preciso, y útil, realizar las siguientes manifestaciones:
1.- Este Comité de Empresa se ha caracterizado, siempre, por su independencia respecto de cualquier opción política, procurando, como es natural y obligado, mantener una relación eficaz y productiva con todos los partidos y grupos con representación en el Parlamento de nuestra comunidad y en los diferentes municipios de La Rioja Baja. Hemos estados, estamos y estaremos, siempre, a disposición de todos ellos, para abordar cualesquiera cuestiones relacionadas con nuestro hospital. En este sentido, conviene recordar que hace ahora un año, en julio de 2017 mantuvimos con todos los grupos parlamentarios (PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos) una ronda de reuniones al objeto de presentarles las necesidades de FHC, en particular su ineludible e imperiosa necesidad de integración, tratando, ya entonces, conjuntamente sobre las vías técnicas para lograrlo.
2.- Analizado el texto de la Proposición de Ley presentada por el PSOE de La Rioja, constatamos que articula una vía que hace posible la integración real del FHC en el SERIS. Efectivamente, se plantea la conversión de FHC en una auténtica “fundación pública sanitaria”, adscrita al SERIS, y a la que se puede adscribir, a su vez, personal estatutario (funcionarios de los servicios de salud) del SERIS.
Se trata del mismo itinerario legal que siguió el Gobierno de Baleares en 2011 para la integración de sus dos “fundaciones sanitarias en mano pública”, idénticas a FHC, la Fundación Hospital Manacor y la Fundación Hospital Son Llatzèr. La ley de Baleares pueden verla vds. haciendo CLIC AQUÍ (BOIB de 28/02/2011). Y en el BOE (7/03/2011) haciendo CLIC AQUÍ. Comprobarán vds. lo que decimos: sus similitudes con la Proposición de Ley presentada en La Rioja, pues se trata de un mecanismo técnico-jurídico bien conocido por quienes no dedicamos en España a la gestión de los servicios sanitarios en el Sistema Nacional de Salud.
3.- Cuando se tratan cuestiones tan serias y trascendentes para la vida de los ciudadanos como la provisión y gestión de los servicios sanitarios, lo menos que se les debe exigir a los representantes públicos es que actúen con rigor y responsabilidad. El conocimiento en la materia se les supone.
FHC nace en el año 2000 al amparo de la Ley 15/1997 y el Real Decreto 29/2000, como una persona jurídico-privada (sometida al derecho privado, y así sigue siendo en la actualidad) integrada en el “sector público” sólo porque su financiación es pública en más del 50% (en nuestro caso el 100%). Somos pues, y esto lo sabe cualquiera, una persona jurídica de base fundacional, sometida al derecho privado, que provee servicios en el Sistema Nacional de Salud y que por ser financiada con fondos públicos forma parte del llamado “sector público”. Pero ni FHC es una “Administración Pública” (ni lo es ahora ni lo fue nunca), ni se somete al derecho público (ni su personal son funcionarios, ni se haya sometida a la jurisdicción contencioso-administrativa) ni forma parte del Servicio autonómico de Salud (SERIS). Esto es algo que sabe cualquiera que entienda mínimamente de gestión sanitaria.
Fundaciones como FHC han existido otras tres más en España: los hospitales Son Llatzèr y Manacor en Baleares y Fundación Hospital Alcorcón en Madrid. Las dos primeras ya fueron integradas en el Servicio Balear de Salud por el Gobierno de Baleares en 2011, la madrileña está en trance de serlo (ya existe una Ley que así lo prevé). A estas fundaciones la doctrina administrativista española las ha denominado “fundaciones sanitarias en mano pública”. Y esa denominación, “fundación sanitaria en mano pública”, se ha impuesto desde las cátedras de derecho administrativo para diferenciarlas de otras fundaciones denominadas técnicamente “fundaciones públicas sanitarias”, creadas no por la Ley 15/1997, sino un año después, por la Ley 50/1998. A diferencia de FHC, las “fundaciones públicas sanitarias” son “Administración Pública”, pueden tener personal estatutario y se someten al derecho administrativo plenamente.
Como sabemos bien, las palabras son hermosamente flexibles, por ello muy adecuadas para decir y para ocultar, para desvelar la verdad pero también para perpetuar el engaño. Podemos decir que FHC es una fundación y eso es cierto, claro. Podemos decir que es pública, sí, y lo es desde el punto de vista de que su presupuesto es público en más de un 50% (y este criterio es el que define al llamado “sector público”). Podemos decir que es sanitaria, toma claro, como que es un hospital. Podemos decir, pues, que es una fundación, que es pública y que es sanitaria, en los sentidos indicados. Pero FHC no es una “fundación pública sanitaria” en sentido técnico-jurídico (Ley 50/1998) porque no es Administración Pública ni su personal puede ser funcionario estatutario, ni ejerce potestades administrativas, ni se somete al derecho administrativo. Somos públicos, pero no somos una “Administración Pública”, nunca lo hemos sido y por eso no podemos cubrir nuestros servicios.
4.- Es obligado referirse, pues, a la nota hecha pública por el Partido Popular el pasado lunes día 25. Estamos seguros de que se trató de una primera reacción, un tanto apresurada, que no refleja el sentir del Gobierno regional. Nos parece deseable, como ciudadanos, que el debate político no siga las mismas pautas que una pelea de hooligans. Se podrá, o no, estar de acuerdo con lo que propone otro partido o grupo parlamentario, pero el debate debe ser riguroso y, sobre todo, veraz. Es nuestra vida, la de todos los riojanos, la que se ve afectada por las mentiras interesadas de los gobernantes.
Tal y como hemos explicado, lo único cierto que se dice en esa desafortunada nota del PP del lunes 25 es que la expresión “fundaciones sanitarias en mano pública” no se menciona en la Ley 15/1997 ni en ninguna otra. Claro, lo que hace esa Ley, de la cual nace FHC, es admitir que los servicios sanitarios en el Sistema Nacional de Salud se provean mediante cualquier forma de personificación jurídica (empresa, fundación…) y no sólo por una “Administración Pública”. Ha sido la doctrina administrativista española, como hemos explicado, la que llamó así a FHC (y a las otras tres fundaciones similares que han existido) para diferenciarlas, precisamente de las “fundaciones públicas sanitarias” en sentido estricto (FHC no lo es).
Transformar FHC en una auténtica “fundación pública sanitaria (Ley 50/1998) es una de las formas posibles de proceder a la integración de FHC en el SERIS, haciendo posible la captación de profesionales a los que ofertar plazas estatutarias como en el resto de centros del Sistema Nacional de Salud. De hecho, como señalamos, ese ha sido el itinerario de integración seguido por Baleares en 2011 para integrar a sus dos “fundaciones sanitarias en mano pública” en el Servicio Balear de Salud.
Si no gusta esa vía y se prefiere otra para obtener el mismo resultado, ello es posible. Y si no se quiere integrar a FHC, si prefieren vender o desmantelar nuestro hospital, como intentaron en 2012, también lo pueden decir; nos parecerá un gravísimo error pero es una opción política que algunos parecen seguir albergando a la espera de poder reintentarlo. Pero lo que no podemos permitirnos, todos, como riojanos, es engañarnos (menos aún intentar engañar a los ciudadanos) faltando a la verdad.
5.- El mismo lunes día 15 de junio, el Pleno del Ayuntamiento de Calahorra aprobaba una moción instando al Gobierno regional a la integración de la “fundación sanitaria en mano pública” FHC en el SERIS. Y lo hacía por unanimidad de todos los grupos, también del Partido Popular.
Ese, el del acuerdo, es el camino. La ventaja que tenemos en La Rioja es que una “fundación sanitaria en mano pública” como es FHC, cuya plantilla hemos sido seleccionados conforme a rigurosos procedimientos homologables (y aun mejores y más rigurosos) que cualquier posición administrativa puede ser integrada directamente por preverlo así la Ley expresamente (ratificado por el Tribunal Constitucional). Les pedimos al Parlamento y al Gobierno que lo hagan. Por favor.
La alternativa a la integración de FHC es su desintegración, que no podamos atraer profesionales pues optan por otras CCAA que les ofrecen la seguridad de una plaza funcionarial que FHC no puede ofrecer porque no somos un Administración Pública. La situación el servicio de Urgencias (ver nuestra Nota del pasado 15 de junio) es la mejor prueba.
6.- Este Comité de Empresa se pondrá inmediatamente en contacto con todos los partidos y grupos parlamentarios, agradeciéndoles de antemano su amable interés para garantizar el futuro de hospital calagurritano con el rigor y dedicación que algo tan serio merece.
Entendemos, cómo no, que se tengan diferentes ideas, que se planteen opciones variadas sobre cómo hacerlo, pero la integración directa de FHC y la estatutarización de su personal no sólo es algo legalmente previsto, es una necesidad urgente.
A día de hoy, tras años advirtiéndolo en vano, ya no es una opción. Es una necesidad inaplazable.
