En 2018, 652 personas murieron en accidente laboral

En 2018, 652 personas murieron en accidente laboral

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo que tiene lugar cada 28 de abril desde Comisiones Obreras alertamos sobre los riesgos de “la inseguridad laboral asociada a las relaciones laborales temporales y parciales no deseadas que monopolizan las nuevas contrataciones, así como los ínfimos salarios” que “están obligando a los trabajadores y trabajadoras a elegir entre salario y salud, entre derechos y empleo”.

Queremos recordar que en 2018 se registraron más de 1,3 millones de accidentes laborales, 152 cada hora, y 652 personas murieron a consecuencia de un accidente de trabajo.

Sub-registro de enfermedades laborales

Junto con la inseguridad laboral, hay otros tres factores a tener en cuenta. En primer lugar, el sub-registro de las enfermedades de origen laboral, porque “lo que no se registra no se previene y lo que no se previene termina dañando la salud de las personas trabajadoras”. . En segundo lugar, la exposición continuada a “sustancias peligrosas o a cargas de trabajo físicas o mentales excesivas” que provocan enfermedades invalidantes e incluso la muerte.

Y en tercer lugar está el cáncer de origen laboral, una “asignatura pendiente” de las políticas de salud laboral. “En 2018 sólo se declararon 28 enfermedades profesionales relacionadas con agentes carcinógenos -más de la mitad estuvieron relacionadas con el amianto-. Si se reconocieran todos los casos que se producen, el cáncer sería la primera causa de mortalidad profesional en España”.

Derogación, prevención y refuerzo

Las actuaciones individuales son inútiles frente a esta lacra, en cuyo combate deben estar implicadas las distintas administraciones públicas, y por supuesto las empresas. En este sentido reclamamos a las Cortes que salgan de las próximas elecciones generales, y al próximo Gobierno, que actúen contra la precariedad y el deterioro de las condiciones de trabajo derogando las reformas laborales. Asimismo, consideramos necesarios una prevención real en las empresas, que las administraciones públicas desarrollen las competencias que les asigna la Ley de Prevención de Riesgos laborales para la prevención, asesoramiento técnico, vigilancia y control normativo; y el reforzamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

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