El grupo ‘Derecho a la Dignidad’ quiere que todo el Gobierno se involucre en la eliminación de la pobreza en el marco de la agenda 2030. Solo con la Renta de Ciudadanía no se puede garantizar los derechos básicos de las personas en el actual contexto de precariedad laboral y crecimiento desbocado del precio de los alquileres.

El informe presentado a la consejera de Servicios Sociales plantea la necesidad de un cambio de enfoque que deje de culpabilizar a las personas y, por el contrario, focalice toda la actividad del gobierno en procurar unas condiciones de vida digna a todas.

“Personas que con dificultad pueden alquilar una habitación, pero a las que sus arrendadores se niegan a empadronar, negándoles, con ello, el acceso a sus derechos”

“Personas que tienen a su cargo a otras que necesitan de sus cuidados”

“Personas que solo encuentran trabajos por días sueltos y condiciones de trabajo y salarios indignos”

“Personas a las que les toca vivir circunstancias vitales dramáticas”

Esta es la realidad que viven much@s de nuestr@s vecin@s; much@s más que los que nos gusta reconocer desde esa mirada de región rica y con bajas tasas de pobreza y exclusión. Pero no por ello podemos apartar la mirada, porque, como sociedad, tenemos la capacidad para asegurar a todas las personas, por el hecho de serlo, el acceso a unas condiciones de vida dignas y esa debiera ser nuestra prioridad.

Se trata de un reto al que estamos comprometidos como seres humanos y también legalmente, desde el momento mismo en el que nos dotamos de una constitución que recoge en su artículo 10 la dignidad de las personas y que se remite a los tratados y acuerdos internacionales sobre derechos humanos para su interpretación. Solo ha de apelarse, por tanto, al primero de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) suscritos por España: “Fin de la pobreza” para situar el tema en el centro del debate político y social.

El grupo ‘Derecho a la Dignidad’ se ha fijado como objetivo dar visibilidad a todas esas situaciones y personas para conseguir situarlas en el centro de la agenda política del gobierno y de todas y cada una de las consejerías que lo conforman, porque, apelando a la filosofía de los derechos humanos, todos los objetivos están interrelacionados y deben perseguirse buscando sinergias entre ellos.

Como grupo, venimos trabajando desde el comienzo en el seguimiento de la Ley de Renta de Ciudadanía por su potencial capacidad para hacer frente a las situaciones más urgentes. Por ello, a mediados de 2018 se emitió en un primer informe que se hizo llegar al Parlamento y el pasado 18 de diciembre de 2019 hicimos entrega de un segundo informe a la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía en el que trasladamos la necesidad de un cambio radical en el enfoque de la ley y en su aplicación práctica, señalando algunas de sus manifiestas insuficiencias.

Pero tenemos claro que esta renta de ciudadanía resulta inútil si se concibe como una medida asilada:

-porque el actual contexto de mercado habitacional desbocado y sin control, convierte a quienes debieran ser los destinatarios de las ya exiguas ayudas públicas, en meros vehículos de transferencia del dinero hacia el mercado de alquiler;
-porque la condicionalidad que consagra la ley, además de transformar el derecho a la orientación laboral en una imposición, resulta inútil sin unas políticas activas de empleo que merezcan tal nombre, condenando a las personas a peregrinajes improductivos cuando no humillantes;
-porque para muchas personas la continuidad en los tratamientos médicos se está viendo condicionada por la falta de recursos y porque la depresión y la angustia están siendo moneda corriente para muchas personas que se encuentran en esta situación;
-y porque, por más que se vocifere, la realidad es que todavía hay muchas personas que, reuniendo los requisitos necesarios, no acceden a la renta ya sea por desconocimiento o por vergüenza.

Por eso, apoyándonos en los conocimientos de las organizaciones que conforman este grupo, nos proponemos no solo hacer llegar a todas las consejerías nuestro informe con los aspectos de la ley de renta de ciudadanía que más directamente afectan a sus departamentos, sino también, hacer visible las realidades que están poniendo en entredicho la dignidad de las personas y la necesidad de comprometerse con acciones específicas para transformar esa realidad.

Queremos, además, comprometer al gobierno en su conjunto para dar un giro al relato público y privado sobre la pobreza y la exclusión. En una sociedad en la que no hay empleo para todas y en la que muchos de ellos no permiten a quienes lo realizan salir de la pobreza, no podemos permitir, que por activa o por pasiva, se siga culpando de ello a las personas excluidas, se siga considerando culpables de su pobreza a quienes no consiguen los medios para la subsistencia y condenando a las más vulnerables a tener que demostrar su inocencia. Eso es indigno.