El Acuerdo para un gobierno de izquierda y de transformación para La Rioja, debe rebasar su literalidad y dar un salto para iniciar la necesaria transformación, aprovechando los recursos comprometidos por Europa, ampliando su perímetro a través de la negociación de los presupuestos con los grupos parlamentarios y abriendo espacios de participación a los agentes sociales
El escenario de progresiva recuperación económica que se planteaba en el acuerdo de gobierno se ha visto truncado por la crisis sanitaria provocada por la pandemia y cuyos efectos económicos y sociales se van a mantener en el tiempo. No hay certezas sobre la duración de la pandemia y, mientras esta persista, sus efectos sobre la economía y el empleo se harán más profundos.
Tenemos que enfrentarnos a una nueva crisis sin haber recuperado los niveles sociales y económicos previos a la crisis del 2008, y donde no hay que olvidar, todavía persiste un marco legal diseñado para la aplicación de políticas de austeridad y de recorte de derechos.
La literalidad de los acuerdos de gobierno se ha visto superada por los efectos devastadores producidos por la pandemia. En el caso de La Rioja, el documento situaba algunos de los retos que tenía que acometer nuestra Comunidad.
“Abordar un sistema productivo que sea garantía de un desarrollo económico sostenible que genere empleo de calidad, la igualdad entre hombres y mujeres, la justicia social, la defensa firme de los servicios públicos y la cultura como herramientas más eficaces de una igualdad real, así como la lucha contra la despoblación y el cambio climático junto a la protección de nuestro medio ambiente”.
Si bien estos “grandes retos” siguen siendo algunos de los que hay que encarar, no puede hacerse de la manera que estaban concebidos en su momento.
Los efectos de la pandemia son globales y esto ha hecho, no sin dificultades y tensiones, que la UE haya puesto en marcha fondos y créditos extraordinarios para afrontar las transformaciones necesarias y de los cuales España va a ser beneficiaria de manera destacada. Una forma diametralmente opuesta de afrontar la situación a la que se aplicó en la crisis de 2008 y que nos llevó por la senda de la austeridad y a la generación de grandes desigualdades.
Los estados deben presentar planes nacionales de recuperación e inversiones para el periodo 2021-2023. En el caso de España los recursos deberán utilizarse para mejorar los sistemas sanitarios, mejora del tejido productivo, digitalización, transición ecológica y la cohesión social. Sería más que deseable un acuerdo político a nivel del estado para establecer políticas en estos ámbitos y evitar que se convierta en un reparto de prebendas entre las CCAA.
En cualquier caso, La Rioja debe definir cuales son sus motores económicos y sociales, huyendo de regionalismos y estableciendo sinergias con otras Comunidades Autónomas, todos no podemos hacer de todo.
La pandemia ha dejado al descubierto las debilidades de nuestros servicios públicos derivados de años de recortes en aplicación de políticas neoliberales.
La hoja de ruta de las políticas conservadoras de adelgazamiento de los servicios públicos en beneficio del interés privado han tenido, y siguen teniendo, un efecto devastador sobre las personas, – sanidad, servicios sociales, gestión de las administraciones públicas, etc -. En estos momentos no se va a cuestionar la necesidad de abordar estas políticas públicas por parte de la derecha, menos aún con un respaldo financiero de Europa.
De la misma manera que la intervención pública en la economía, así como la necesidad de mejorar los ingresos de manera progresiva y justa, a través de los impuestos, ya no son dogmas de fe que no se pueden abordar, ante una realidad que los supera.
Es el momento de aprovechar los recursos de que podemos disponer para recuperar el músculo de lo público en beneficio de las personas, a través de una gestión eficaz, sentando las bases de lo queremos ser como sociedad. Y estableciendo cuales son nuestras apuestas de desarrollo económico y social, dotando a los proyectos empresariales de financiación público-privada estable a largo plazo que cambie, de verdad, el modelo productivo.
