En el contexto de crisis sanitaria actual, la vida de las personas mayores y la calidad con la que la viven está condicionada, por un lado, a que se aseguren y fortalezcan los servicios públicos de calidad, y por otro, a que generemos espacios de convivencia capaces de primar las necesidades sociales en condiciones de seguridad, como ciudades más peatonales y ciclables o redes de apoyo a las personas vulnerables.
Los hombres y las mujeres que superan los 65 años son personas con expectativas de vivir décadas para lo que sus vidas deben ser saludables y activas. Para ello los sistemas públicos de salud, dependencia y servicios sociales, son elementos esenciales para lograr envejecer en condiciones saludables y con autonomía. Es necesario abordar las desigualdades a lo largo de todas las etapas de la vida, abordando las diferencias territoriales existentes, así como la cobertura de servicios y recursos destinados para las personas mayores.
Las políticas públicas deben garantizar el ejercicio efectivo de los derechos a la vez de promover la redistribución de la riqueza, pues existe margen para mejorar la contribución fiscal, y para conseguir un sistema fiscal más justo, con un reparto más equilibrado de los esfuerzos, sin ello, las desigualdades económicas y sociales experimentadas a lo largo de la vida se trasladan a la vejez, como sucede con las brechas de género, en el trabajo, cuidado y pensiones.
Hay que seguir garantizando el Sistema Público de Pensiones. Para ello el último acuerdo es muy importante pues se elimina el índice de revalorización de las pensiones, que limitaba las subidas anuales al 0,25% y se elimina el factor de sostenibilidad, mejorando las pensiones de futuras generaciones de pensionistas y reforzando el pacto intergeneracional.
La desigualdad laboral se plasma claramente en la brecha existente en las pensiones. Tanto el tipo de pensión como sus cuantías, colocan a las mujeres en una posición visiblemente peor que la de los hombres. Las políticas para evitar y abordar las consecuencias que la crisis económica y de cuidados tienen en las condiciones de trabajo, renta y vida de las mujeres, son fundamentales para evitar la brecha existente.
El desarrollo e implantación de políticas públicas en materia de promoción de la salud son imprescindibles para garantizar el envejecimiento activo, puesto que afectan de forma directa al deterioro de la salud y las capacidades autónomas de las personas mayores. Se debe aumentar la capacidad de respuesta del sistema de Atención a la Dependencia pues ha resultado manifiestamente débil ante la crisis sanitaria.
Es muy importante iniciar un debate para después plasmarlo en una futura ley integral de derechos de las personas mayores. Esta debe garantizar una protección específica a los mayores y contemplar los ámbitos de la salud, la vivienda, la protección social y económica, la protección jurídica, la cultura o el ocio.
