El pasado viernes, el Ministerio del Interior conmemoró, un año más, en todos sus centros penitenciarios “el día de la Merced”, la patrona de Instituciones Penitenciarias.
CCOO no asistió a ninguno de los actos convocados porque el Ministro del Interior ha incumplido todos los compromisos para mejorar la situación de las prisiones, adquiridos con los representantes sindicales, ante el Congreso de los Diputados, o ante la ciudadanía en los medios de comunicación.
No es un problema presupuestario sino de voluntad política, cumplir con el personal que trabaja en las prisiones, ya que el presupuesto de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se vio incrementado sustancialmente dentro de los PGE 2022 (en un 5%), al tiempo que la población reclusa disminuía hasta en un 25%, reduciéndose el gasto, mientras que las retribuciones del personal están quedando muy por debajo del IPC. Además han pasado 17 años desde la última vez que se firmó con los sindicatos un acuerdo de mejora de las condiciones laborales del personal penitenciario.
El Ministerio del Interior está en condiciones de negociar un Acuerdo Retributivo para todo el personal penitenciario, que garantice el poder adquisitivo perdido y reduzca la brecha salarial entre profesionales que realizan el mismo trabajo y tienen unas condiciones laborales homogéneas.
La realidad es que ya hay muchos colectivos dentro de la Administración General del Estado y fuera de ella, que han conseguido acuerdos de mejora de sus condiciones laborales. El personal penitenciario no puede seguir quedándose atrás. Pero además, CCOO no acudió a estos actos porque ha habido un retroceso, sin precedentes, en el desmantelamiento del servicio publico penitenciario, impulsando la privatización de una parte de la seguridad del Estado y del tratamiento penitenciario, y recortando empleo público, cesando de sus puestos a profesionales que acumulan una dilatada experiencia profesional en el medio penitenciario, porque las agresiones al personal siguen descontroladas y sin la protección de la Ley de prevención de Riesgos o por la campaña pública orquestada por el Ministerio de criminalización al colectivo penitenciario. Una política de comunicación y de imagen pública de la Institución con la que tratan de construir artificialmente un enemigo, para justificar la inacción y el incumplimiento de compromisos adquiridos ante la soberanía popular.
