En la Federación de Pensionistas y Jubilados de la Rioja llevamos muchos años trabajando para que las personas mayores puedan ejercer los derechos que les corresponden en pie de igualdad con el resto de la ciudadanía.
Por ello, en esta legislatura hemos ido exponiendo nuestras preocupaciones, tanto a la administración autonómica como a la estatal, requiriendo una información clara y propuestas reales de solución. Lo hicimos sabiendo que dichas situaciones se vienen arrastrando como consecuencia de unas políticas sociales en que las personas no contaban para tomar las decisiones. Cuando se cuenta con los colectivos implicados, las cosas funcionan. Pero todo esto no es óbice para que señalemos aquellos temas a los que creemos que hay que dar una respuesta urgente ya que, para la casi totalidad de personas mayores, son situaciones muy preocupantes debido a su especial vulnerabilidad:
Acceso de las personas mayores a solicitar citas previas de forma presencial, tanto en Seguridad Social, SEPE y otros organismos dependientes de la Administración. En estos casos se ven afectadas todas las edades con protocolos que requieren conocimientos informáticos. Obtener cita previa es una carrera de obstáculos, de solución no tan difícil, con voluntad política: Dar las citas de forma DIRECTA en la Oficina integral de la Seguridad Social Particularmente en el caso de la gente mayor, que son las que habitualmente tienen más dificultades con las nuevas tecnologías. La atención presencial es un derecho de la persona y la digitalización es una herramienta valiosa, que puede facilitar las cosas, pero no puede ser la única alternativa ya que si no sería una imposición y generaría la exclusión de las personas más frágiles.
La escasez de personal sanitario no puede ser siempre la única respuesta a las necesidades de la atención primaria. Reconocemos el esfuerzo de la Consejería de Salud por poner alguna solución al tema (contratación de médicos para atención por teléfono desde el Hospital San Pedro). Quizá haya descongestionado las urgencias del CARPA, pero puede hacer que las personas atendidas, poco a poco, vayan perdiendo la referencia de su médico de cabecera, algo que en el caso de las personas mayores origina un deterioro de la confianza en la medicina, afectando incluso a su salud psicológica.
La recuperación de servicios en el Hospital de La Rioja puede ser una solución, pero llevamos tanto tiempo con ese déficit en estas materias que será necesario poner algún remedio en un plazo de tiempo razonable.
Todo lo relacionado con la dependencia deja muchos frentes abiertos. La falta de residencias o centros de día públicos hace que se produzcan problemas difícilmente resolubles. Para nosotros son fundamentales (si queremos que la atención en las residencias mejore): las contrataciones, los derechos de los trabajadores/as, la participación de los familiares en la gestión… El CAMBIO DE MODELO no se ve por ninguna parte, al menos en proyectos que podamos conocer.
El sistema de valoración de la dependencia es lentísimo. Hay casos que tardan en resolverse más de seis meses y muchas veces provoca graves perjuicios a quien sufre tal demora.
Mientras dure la concertación con el centro de recuperación de Valvanera, es imprescindible que haya un seguimiento de la misma (casos de falta de personal, poca atención al paciente, deterioro en las instalaciones y escaso mantenimiento de las mismas, etc). La calidad en algunos servicios deja mucho que desear, además de la insuficiente coordinación con el Hospital San Pedro.
En el tema de las entidades bancarias queremos insistir una vez más en las dificultades, obstáculos y la falta de accesibilidad de los usuarios. A la ciudadanía, personas mayores o no, se nos obliga a tener que usarlos para cobrar los salarios y las pensiones, para gestionar pagos o llevar a cabo otras operaciones. Por consiguiente, en este aspecto las entidades bancarias están haciendo un servicio público. No nos vamos a cansar de repetir los miles de millones de euros que nos costó su rescate y nunca devolvieron ni un céntimo. De lo que se trata es de que las distintas administraciones actúen con energía en este asunto. No valen ya (casi nunca valieron) los protocolos para pedirles buenas prácticas. Eso no entra en el ADN de los bancos y se necesitan actuaciones que corrijan estas disfunciones y, si no es así, se les penalice por las malas praxis.
Es una aberración el abandono y falta de servicio de los bancos en los pequeños pueblos.
Desde la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO seguiremos denunciando estos malos hábitos porque hacen que la calidad de vida del colectivo de mayores se vea seriamente afectada.