El secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, defiende la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo y de reformar el sistema fiscal para asegurar la financiación de las pensiones.
¿Está en peligro el sistema de pensiones? ¿Es insostenible?
La pregunta me gusta invertirla: ¿Necesitamos un sistema de pensiones?. Pues claro, es imprescindible. La pregunta sobre si corre peligro, sobre si es sostenible, la podemos hacer a cualquiera de los sistemas de protección social. En relación al sistema de pensiones, no es que sea sostenible, es que es imprescindible. Nosotros tenemos una población que tiene que ser atendida, que cotiza y tributa durante toda su vida y que, cuando deja de tener una vida activa o una posibilidad de intervención en el mercado de trabajo, tiene que recibir prestaciones sociales. Forma parte de un pacto intergeneracional. La pregunta es cómo sostenemos ese sistema de pensiones, que es un elemento esencial del entramado social que tenemos y de la capacidad económica del país. En España, en este momento, una de cada cinco personas está en edad superior a 65 años. Es un número que va a seguir creciendo como consecuencia de la evolución demográfica. El que esa gente tenga prestaciones suficientes para vivir es muy importante para ellos, pero también para el conjunto de la economía del país.
Hoy en pensiones contributivas gastamos un 10% del PIB, lo que significa que el 10% de lo que produce este país, de lo que se mueve la economía en este país, viene de lo que pagamos en pensiones que, a su vez, se gastan en su inmensa mayoría, porque las pensiones no generan una gran capacidad de ahorro sino que van a consumo directamente y, por tanto, el 10% de la demanda interna de este país depende de esas pensiones. Las pensiones son una necesidad, son un pacto intergeneracional que tenemos que mantener y son, además, imprescindibles para sostener la demanda interna de bienes y servicios y, por tanto, la oferta de bienes y servicios de las empresas, de las administraciones públicas, el empleo asociado a ella, el beneficio empresarial asociado y los impuestos que se retornan por el gasto en pensiones, porque no hay que olvidar que una vez que uno gasta para pagar pensiones, financiadas con las cotizaciones sociales, ese dinero se consume y, vía consumo, un parte relevante de ese dinero vuelve otra vez al Estado a través de los impuestos, que nos permiten a su vez financiar otras políticas.
Pero el empleo se está precarizando y necesitamos más puestos de trabajo para financiar las mismas pensiones.
Las administraciones públicas tienen dos grandes fuentes de ingresos: una son los impuestos y la otra, las cotizaciones a la Seguridad Social, que vienen del mundo del trabajo. Las pensiones contributivas se financian con esas cotizaciones, con el empleo. Se está produciendo la paradoja en España en este momento de que están creciendo las afiliaciones a la Seguridad Social, después de una gran destrucción de empleo, -una de las características de nuestras crisis es que se destruye empleo masivamente, lo que no ocurre en otros países-. Se acercan a 600.000 los nuevos afiliados a la Seguridad Social, un 3%, y, sin embargo, los ingresos del sistema sólo crecen al 1%, porque las políticas que se han puesto en marcha para afrontar las crisis contienen muchos elementos que debilitan el mercado del trabajo, que es el sostén del sistema de pensiones: las políticas de devaluación salarial y el aumento del poder de dirección empresarial para modificar las condiciones de trabajo de la gente, que ha supuesto en muchos casos una congelacion o una reducción de salarios, y que tienen un impacto directo en una menor cotizacion a la Seguridad Social. Además, el trasvase que ha habido de trabajo por cuenta ajena, de autónomos, tiene su impacto también a la hora de reducir ingresos a la Seguridad Social, porque en el régimen de autónomos las cotizaciones no son comparables a las que hay en el régimen general.
También ha influido la proliferación del contrato a tiempo parcial, que ha pasado de un 14% de la contratación a un 27 en los últimos años en España. Es un contrato no voluntario y que se está convirtiendo en una de las principales bolsas de fraude, porque el fraude en la contratación existe. Estaba muy concentrado en la contratación temporal, pero ahora vemos un nuevo fenómeno: la contratación a tiempo parcial, que tiene un componente de género muy importante, y que, en muchas ocasiones, encubre un fraude: te contrato por tantas horas, esas horas puede que te las pague o puede que no y si te las pago, te las pago en nómina o no. Todo eso son vías que defraudan a la Seguridad Social y que debilitan los ingresos del sistema.
Nosotros necesitamos reequilibrar el marco de relaciones laborales, la capacidad negociadora de trabajador y empresario, para que la distribución de la renta que se hace en la negociación colectiva vaya en una línea de recuperación salarial, y ello traerá consigo mejores cotizaciones sociales, mejor protección social y un sistema evidentemente más sostenible.
Dicho esto, el sistema necesita fuentes de financiación adicionales, por razones demográficas. Era una necesidad que íbamos a tener a partir de mediados de la próxima década y que la crisis y la destrucción masiva de empleo lo que ha hecho es actualizar la necesidad. Se anticipa el problema y se anticipa la solución a la que apuntábamos desde hace muchos años. Transitoriamente durante los años en los que hay que pagar pensiones a la generación más numerosa de la historia de España, junto con el mercado de trabajo tenemos que aportar fuentes de financiación adicionales. ¿De dónde tienen que venir? Del sistema fiscal, pero ¿qué ocurre con nuestro sistema fiscal?. Que tiene otro gran problema, somo un país que recauda menos que los países de nuestro entorno y, en consecuencia, gasta menos, y eso tiene un gran impacto los sistemas de protección social.
¿Qué va a pasar si no cambiamos esta dinámica?
La última reforma de las pensiones, hecha por primera vez desde 1995 sin acuerdo, ha sido parte del rescate a España que el gobierno insiste en negar. Ha modificado el índice de revalorización de pensiones, de manera que las pensiones van a crecer una vez por debajo del nivel de vida. Se va a perder nivel adquisitivo en los próximos años y hay que añadir el factor de sostenibilidad, tal y como se ha regulado, lo que significa que a los pensionistas, a partir de 2019, se les calculará la pensión reduciéndola en función de cómo evolucione la esperanza de vida. Esas dos medidas aisladas, si no se corrigen en el marco del Pacto de Toledo, van a suponer una disminución de la protección social a través de las pensiones y con ello un empobrecimiento de los pensionistas. Son lo que menos han sufrido el empobrecimiento en la crisis, gracias al sistema de pensiones, pero si se regula un empobrecimiento futuro, disminuirá su nivel de vida y su capacidad de contribuir a dinamizar la economía del conjunto del país. Son cosas que tenemos que reformular a través del diálogo político y social y de una orientación distinta a las políticas desarrolladas hasta ahora y con una participación de las organizaciones sindicales y empresariales.
¿Podría darse el caso de encontrarnos con pensiones realmente bajas?
Tenemos ya pensiones muy bajas, concentradas en las pensiones de viudedad, aunque tenemos también un sistema de pensiones mínimas que no tienen muchos países europeos y que permiten mejorar esas pensiones tan bajas. Si se deterioran las pensiones, empobrecemos a las personas mayores y tenemos un problema en la población pensionista y en la población en general. Las pensiones de media están por encima de los 900 euros y las nuevas que llegan al sistema están en torno a 1.200 euros, con lo que no son tan bajas, aunque es verdad que las de viuedad son más bajas y bajan mucho la media. Las pensiones de jubilación, con las carreras profesionales de las últimas décadas, no están tan mal. El problema está en que lo que ha sido una tendencia constante en el sistema de proteccion en España, que las pensiones eran cada vez mejores como consecuencia de que el empleo iba nutriendo de carreras profesionales mejores, ahora en esta crisis se pone en duda, por las políticas de devaluación salarial, de debilitamiento de la negociación colectiva, de debilitamiento de la capacidad de organización de los trabajadores a través de los sindicatos y de su capacidad de interlocución en la empresa en el convenio colectivo. Todo ello genera una oferta de empleo a menor precio, en peores condiciones y eso repercutirá en el futuro en los sistemas de protección social. Necesitamos reequilibrar las cosas.
Hay un dato que es muy claro: en los años de la crisis, si dividimos en tres bloques a la población: trabajo autónomo, trabajo asalariado por cuenta ajena, y rentas de capital, el trabajo autónomo ha perdido dos puntos porcentuales del PIB -de tener 13 puntos y pico, casi 14, a tener ahora menos de 12-; el trabajo por cuenta ajena tenía 53-54 euros de cada 100, porque es la mayor parte de la gente, y en la crisis ha bajado a menos de 52; y las rentas del capital, las que cobra un empresario por ser el propietario de una empresa, no por su trabajo, han subido casi 4 puntos.
Pero ¿cómo sostenemos los sistemas de protección social y de servicios públicos? Con los impuestos, que fundamentalmente gravan a las rentas del trabajo y actividades económicas y, en menor medida, a las rentas del capital, y con las cotizaciones a la Seguridad Social, que proceden del mercado del trabajo. Si debilitamos las dos fuentes principales de ingresos y no le pedimos más esfuerzos a las rentas del capital, que son las que están mejorando en su posición relativa, estamos debilitando la estructura del sistema y la capacidad de ofertar servicios públicos y de tener sistemas de protección social como los que necesitamos.
