Es significativo el aumento de accidentes laborales que se están dando en el sector de la construcción. Queda constatada la relajación existente en materia de prevención en las obras en construcción, y especialmente en obras en comunidades de vecinos, que no por ser de menor envergadura presentan menor riesgo de accidente. Se están viendo obras de mejora o reparaciones en comunidades de vecinos donde el uso de los EPIS (equipos de protección individual) o de medidas obligatorias como los arneses de seguridad brillan por su ausencia.
Desde CCOO de Construcción y Servicios de La Rioja hacemos un llamamiento a que los administradores de fincas y los representantes legales de las comunidades de vecinos asesoren a éstas. Deben informarles cuando contratan una obra en la propia comunidad de que, como propietarios de la finca, son los promotores de la obra, pudiendo incurrir en responsabilidad administrativa, civil o laboral ante el incumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad y salud laboral.
Un ejemplo en el que podría haber responsabilidad es la caída de objetos desde el tejado que se está reparando en el edificio produciendo daños a vehículos, o más grave, a personas que pasen por debajo. Las reclamaciones posteriores pueden afectar a los titulares de comunidad de vecinos como promotores de la obra, incurriendo en responsabilidad solidaria o subsidiaria en aspectos económicos.
Las comunidades de propietarios deben ser muy escrupulosas a la hora de contratar a una empresa o a trabajadores autónomos que van a realizar la obra de su comunidad, y deben exigir la documentación necesaria a quien les vaya a realizar la obra, para asegurarse que se encuentra en orden, y exigir también que los trabajadores estén equipados con los EPIS recomendados.
Cuando está en juego la vida de los trabajadores, la PRL es una obligación que, bajo ningún concepto se debe dejar de aplicar, por lo que las Administraciones Públicas tienen obligación de vigilar y controlar este tipo de obras, con sanciones ejemplares en los casos de incumplimiento de la normativa legal en materia de prevención en la seguridad y salud de los trabajadores.
