La Audiencia Nacional ha anulado el Plan de Formación de Empleo del Gobierno central por excluir a los agentes sociales. CCOO ya denunció este hecho, al considerar que el Gobierno no quiere testigos y sigue empeñado en excluir a los representantes de los trabajadores y empresarios de la gobernanza, el diseño, planificación, control, seguimiento y evaluación de la oferta formativa.
Con un presupuesto de 250 millones de euros procedentes de la cuota de Formación Profesional, la convocatoria de 2016 de oferta para trabajadores ocupados recibió el visto bueno de la Administración General del Estado, pero contó con la oposición de la mayoría de las comunidades y de los agentes sociales y económicos. Estos consideraban que su exclusión del Órgano Colegiado que informa de los Planes de Formación “no puede explicarse en términos legales y es indefendible en términos políticos”.
Ahora la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional han considerado en sendas sentencias que la presencia de empresarios y sindicatos en este órgano es ajustada a derecho, basándose en la Ley de 30/2015, que ordena “la participación de los agentes sociales en la gobernanza del sistema y en particular el diseño, planificación, control, seguimiento y evaluación de la oferta formativa, especialmente la dirigida a los trabajadores ocupados”.
La sentencia indica, por tanto, que esta exclusión “ha supuesto la privación del derecho de participación de trabajadores y empresarios a través de los agentes sociales que los representan en dicho órgano”.
CCOO quiere recordar que desde 2014 no se ha publicado ninguna convocatoria estatal de ayudas para la formación de trabajadores ocupados y, además, año tras año no se han venido reanualizando los fondos de formación no gastados.
Esto ha provocado, entre otras reacciones, la queja al Defensor del Pueblo de varias organizaciones empresariales, a la que se ha sumado CCOO. Reclaman conocer el destino de unos fondos que se detraen de la nómina de los trabajadores y las cotizaciones de los empresarios, con el único fin de mejorar su cualificación, pero que el Gobierno ha usado para reducir el déficit que sus desastrosas políticas laborales están creando en la caja de la Seguridad Social.
