La Rioja pierde año tras año los fondos que el Gobierno central destina a orientación y formación para parados en las oficinas de empleo. En 2015 fueron 246.000 euros, en 2016 250.000 y 2017 443.760 euros. Son partidas que el Ejecutivo central distribuye por comunidades y que La Rioja no está ejecutando. De hecho, somos una de las comunidades a las que el Gobierno central ha dado un toque de atención por la baja ejecución de los fondos para políticas activas de empleo.
La responsable de Empleo en la Confederación de CCOO, Lola Santillana, ha analizado en Logroño la situación de empleo en La Rioja, acompañada del secretario general de CCOO La Rioja, Jorge Ruano. Santillana ha criticado la «gran irresponsabilidad» que supone que las oficinas riojanas de empleo no cuenten con personal suficiente teniendo dinero todos los años. CCOO ha pedido esta información, sin éxito, al Gobierno regional.
No hay que olvidar que el Servicio Público de Empleo es el único garante de que las personas desempleadas puedan recibir los servicios que les corresponden por derecho. La orientación laboral es fundamental y en La Rioja, desde hace 3 años, no llega a todas las comaras.
El Ejecutivo tampoco ejecuta los fondos estatales para formación de desempleados, los del programa operativo de fondo social europeo y los del programa de garantía juvenil, cuyo nivel de ejecución en La Rioja está por debajo de la media nacional.
Así mismo, es imprescindible que se vuelva a convocar la Mesa del Diálogo Social, para evaluar los resultados del Plan de Formación Profesional y Empleo. Este contenía parámetros para corregir y evaluar lo que no funcionaba.
Además, ha lamentado que la Patronal y el Gobierno regional no hayan atendido la propuesta de CCOO para modificar un punto del Decreto que regula la Formación Profesional. En concreto, critica que el decreto recoge el derecho a la participación y consulta a los trabajadores en los procesos de formación bonificados en las empresas, pero, en otro apartado, se niega este derecho cuando se trata de formación subvencionada por la Comunidad Autónoma. CCOO reclama la eliminación de este último punto.
