El Parlamento de La Rioja aprobó en marzo de 2022 la Ley 4/2022 con la que el Consejo Económico y Social reanudó su actividad, levantando la suspensión sobre su funcionamiento, que databa del año 2012. Año en el que el Gobierno del Partido Popular decidió paralizar el funcionamiento del CES.
Para CCOO de La Rioja, la recuperación del CES como órgano de participación socioeconómica mejora la calidad democrática en nuestra región, y somete a los gobiernos a dictámenes preceptivos sobre anteproyectos de ley, Proyectos de Decreto y Planes Generales. Cuestiones sumamente importantes como para que el Gobierno del PP tenga el máximo respeto a este organismo.
Sin embargo el Gobierno de La Rioja ha tomado una decisión sin precedentes: nombrar como representantes del Gobierno a los máximos responsables de CSIF y USO en La Rioja.
Esta decisión tiene dos efectos inmediatos. Por una parte, el Gobierno Regional se desentiende del CES, y deja en manos de sindicatos minoritarios la defensa de los intereses del Gobierno en los análisis, debates y dictámenes sobre las futuras leyes.
Y de otra parte, los sindicatos nombrados asumen la defensa de los intereses del gobierno, en lugar de la defensa de la gente trabajadora a la cual dicen representar. Consiguiendo por esta vía una representación en organismos de participación, que no han obtenido con el voto de las personas trabajadoras en las empresas y centros de trabajo.
Cabe recordar que la composición del CES, según el artículo 5 de la Ley 6/1997, se articula en tres grupos con el mismo número de representantes. El Grupo primero formado por las organizaciones sindicales más representativas. El segundo grupo, formado por las organizaciones empresariales. Y el Grupo tercero, formado por la representación del Gobierno de La Rioja, las organizaciones agrarias más representativas, y por un representante de la Universidad de La Rioja.
Todas las organizaciones que forman parte del CES deben tener la condición de más representativas, algo que claramente no cumplen quienes han sido nombrados a dedo por el Gobierno para actuar en su nombre.
Se trata de una decisión política sin precedentes, alejada de los consensos y del diálogo que se prometía al inicio de la legislatura, y con gran trascendencia en el marco de la concertación social.c
