El Gobierno asume un reconocimiento, insuficiente, de los contagios por COVID19 como accidentes de trabajo

El Gobierno asume un reconocimiento, insuficiente, de los contagios por COVID19 como accidentes de trabajo

La medida aprobada ayer por el Consejo de Ministros a través del RD-Ley 19/2020, publicado hoy en el BOE reconoce la presunción de contagio en el puesto de trabajo a las personas que realizan su actividad laboral en centros sanitarios y socio-sanitarios. Se podrán beneficiar de esta medida decenas de miles de personas afectadas por esta enfermedad en sus centros de trabajo (solo el personal sanitario acredita más de 50.000 profesionales afectados por esta enfermedad)

El reconocimiento del Accidente de Trabajo se determina de forma directa en el Real Decreto-Ley aprobado esta mañana y se reconoce a quienes prestan servicios en centros sanitarios y socio-sanitarios y que hayan contraído la enfermedad COVID-19 durante cualquiera de las fases de la pandemia, por haber estado expuestos a ese riesgo específico durante la prestación de servicios sanitarios y sociosanitarios. Estas personas, o sus familiares en el caso de que desgraciadamente hayan fallecido, podrán solicitar el reconocimiento de accidente de trabajo hasta el mes posterior a la finalización del estado de alarma, previsiblemente julio.

Este reconocimiento, debe entenderse, alcanza a las prestaciones de incapacidad temporal, incapacidad permanente, así como todas las prestaciones de muerte y supervivencia que se puedan derivar de las mismas. Garantizando de este modo el nivel más alto de protección social que ofrecen las prestaciones de Seguridad Social, al exigir menores requisitos de acceso y cuantías más altas en las prestaciones.

No obstante, este paso mantiene cuatro severas carencias:

  1. 1. La nueva norma limita su efectividad la efectividad de la norma quienes han contraído la enfermedad solamente hasta el mes posterior a la finalización del estado alarma, lo cual es insuficiente y, en nuestra opinión, insostenible. Una persona infectada en su desempeño profesional en un centro sanitario tras la finalización de ese periodo, no debe tener un tratamiento distinto a las personas infectadas durante el mismo.
  2. 2. Debe incluirse también la previsión de incapacidades permanentes futuras por secuelas.
  3. 3. Por otra parte, la aplicación de esta norma debe incluir al personal expuesto a los mismos riesgos en transporte sanitario, servicios funerarios o servicios auxiliares en centros sanitarios o socio-sanitarios (limpieza, servicio de comidas,…) Así se lo hemos trasladado al Gobierno y defenderemos ese criterio en la aplicación concreta de esta norma y, en su caso, la adaptación normativa de la misma para trasladar la máxima seguridad jurídica a las personas afectadas.
  4. 4. Permanece abierta la cuestión de que se reconozca la COVID-19 como enfermedad profesional, así como la necesidad de actualizar el cuadro de enfermedades profesionales, sin apenas variación desde su puesta en marcha hace varias décadas, y la revisión del procedimiento que actualmente regula este tipo de enfermedades de origen profesional.

Para CCOO es indudable que los contagios masivos se han producido en el trabajo por la escasez o inexistencia de equipos de protección individual y por la utilización, en muchos casos, de equipos de protección individual (EPI) que se han demostrado defectuosos. Y en este sentido sus servicios jurídicos orientarán a las personas afectadas para que, en función de las situaciones concretas en las que se hayan producido los contagios, puedan reclamar todas las mejoras previstas para los Accidentes de Trabajo cuando no se han cumplido las medidas de prevención de riesgos laborales, como el recargo de prestaciones que pueden incrementar las cuantías de éstas.

LA RIOJA

Es necesario recordar que en La Rioja han brillado por su ausencia los EPIs, sobre todo en las residencias de tercera edad y centros sociosanitarios privados, también en el propio sector público.

En las residencias de mayores y centros de dependencia de nuestra región la pasividad gubernamental ha sido palmaria y sus consecuencias letales. La competencia en materia de salud pública, que viene atribuida en exclusiva a la Administración autonómica, ha radicado siempre íntegramente en la Consejería de Salud, la cual ha permanecido inoperante ante situaciones de descontrol epidemiológico manifiesto.

Por su parte, el Servicio Riojano de Salud iba minorando los estándares de protección en función de los escasos EPI existentes y no de los riesgos reales, de forma que, por ejemplo, 1/3 de los contagios habidos en el hospital de Calahorra tienen causa directa en el desempeño profesional sin EPI durante la primera quincena del pasado mes de abril y en Fundación Rioja Salud el impacto de contagios ha sido notablemente superior a la media por falta de una planificación preventiva básica.

Así mismo, debe señalarse que la Consejería de Salud impidió primero, por pura propaganda política, que las distintas entidades se aprovisionaran de EPI a través de sus propios medios con la indicación de que se les suministrarían de forma centralizada a través del INGESA, lo que nunca sucedió, y mantuvo, más tarde, oculto hasta fecha bien reciente el total agregado de profesionales contagiados, cifra que fue preciso obligarle a hacer pública al amparo de la Ley de Transparencia con el apercibimiento de acciones judiciales en caso contrario.

Todas estas circunstancias, y otras que nos constan documentalmente acreditadas, deberían ser objeto de una rigurosa investigación independiente que ponga de manifiesto las carencias y áreas de mejora a la luz de la experiencia vivida (aún no se ha reconocido ninguna más allá de meras declaraciones puramente retóricas), pues los errores cometidos han puesto en riesgo derechos fundamentales que gozan de máxima protección constitucional, cuales son el derecho a la vida y la integridad física de las personas, y aprender con humildad de dichos errores es, entre otras cosas, una inteligente y útil preparación ante futuros rebrotes.

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